El proyecto de Ley Antisociedad nos mueve a solicitar solidaridad internacional.
Coalición por Venezuela rechaza por ser inconstitucional y violador de derechos humanos, el proyecto de Ley de fiscalización, regularización actuación y financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y afines, conocido como “Ley Antisociedad”, que la ilegítima Asamblea Nacional, al servicio del régimen dictatorial de Nicolás Maduro, aprobó en primera discusión el pasado mes de enero, como un nuevo golpe al derecho a la libre asociación, pretendiendo someter a sus caprichos a los ciudadanos, poniéndole fin al espacio cívico y castigando toda forma autónoma de asociación de la sociedad venezolana.
La libre asociación para fines lícitos es un derecho de los ciudadanos, consagrado en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, que es recogido en la Constitución vigente de Venezuela en su Artículo 52, al establecer que “Toda persona tiene el derecho de asociarse con fines lícitos, de conformidad con la ley”; el artículo en cuestión va más allá, al establecer que “El Estado estará obligado a facilitar el ejercicio de ese derecho”. En consecuencia, el texto constitucional no deja dudas, el Estado no solo no debe dificultar o impedir la libre asociación de los ciudadanos, sino que está obligado “a facilitar el ejercicio de este derecho”.
En términos semejantes a lo antes mencionado, la Constitución de Venezuela al considerar los derechos políticos, en el Artículo 62, se lee que “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos…Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica”. Se reitera pues la obligación del Estado de generar “las condiciones más favorables” para el desarrollo de la sociedad civil, de las ONG y de la participación política de los ciudadanos venezolanos.
En cuanto al contenido de nuestra Constitución, el Título VII al abordar el importante tema “De la seguridad de la Nación”, establece en el Artículo 326 que “La seguridad de la Nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil, para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos…”.
Después de lo ya dicho, queda claro el reconocimiento y garantía del libre derecho de los ciudadanos a asociarse entre sí, como queda claro el rol protagónico de los ciudadanos en la vida del país, y más aún, la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil para la seguridad de la Nación.
El proyecto de ley que repudiamos es profundamente inconstitucional, claramente violador de los derechos humanos, de evidente inspiración en los regímenes totalitaristas del mundo, como Rusia, China, Egipto, Cuba y Azerbaiyán entre otros, donde se imponen limitaciones, restricciones y prohibiciones al libre derecho de asociación. En Venezuela se han reprimido y hegemonizado las áreas comunicacionales, productivas, políticas y de participación, ahora, se pretende establecer el mismo control del Estado por encima de los ciudadanos.
Rechazamos y combatimos este nuevo acto opresivo, entre otras, por las siguientes razones:
Primera, la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil, son asociaciones de hecho, el proyecto de ley que rechazamos las considerada ilegales, es decir, que cualquier grupo humano que se constituya para un fin social específico, si no está registrada, su actividad se considera ilegal, lo que obliga a los ciudadanos, a los miembros de las comunidades, a actuar individualmente, ya que si lo hacen en sociedad de hecho, sin registrarse de conformidad con el tortuoso camino establecido en el proyecto de ley, incurriría en ilegalidad.
Segunda, la legislación propuesta viola el principio jurídico de la irretroactividad de la norma, consagrado en el artículo 24 constitucional: “Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena”. Según el proyecto en cuestión, de ser sancionado como ley, todas las ONG son declaradas inexistentes, hasta que sean nuevamente registradas bajo el procedimiento irracional, controlador y manipulador del régimen estatista, liquidador de libertades.
Tercera, registrar una ONG, bajo el imperio del anteproyecto de ley en consideración, será tarea titánica, no solo por el cúmulo de requisitos exigidos, sino que no contiene procesos claros ni garantía alguna de obtener resultado favorable; está desprovisto de vías de apelación segura; con el precedente de los rechazos en la admisión de tramites de nuevos registros, notariado de actas y demás trámites asociados a la actividad legal de las organizaciones, de parte de los registros públicos, notarias y sistema SAREN. Estamos ante un instrumento que cercena la libertad de asociación y deja lejos el mandato constitucional que obliga al Estado a facilitar el ejercicio del derecho de asociación que asiste a los ciudadanos; aquí no se facilita, por el contrario se obstruye el camino con el único fin de acabar con la organización social del pueblo. Como si esto fuese poco, se establece que las organizaciones deben renovar anualmente su permiso; pierden autonomía, se les impondrán objetivos y actividades diferentes a las propuestas por sus socios y serán obligadas a aceptar nuevos miembros aún en contra de su voluntad.
Cuarta, limita el financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil de manera abusiva, claramente inconstitucional y lesiva al derecho de asociación; obliga a las organizaciones a dar información confidencial de sus beneficiarios, estableciendo sanciones desproporcionadas a la violación del rosario de limitaciones que establece; las sanciones llegan “a la disolución de oficio”, a las “multas confiscatorias” y a los castigos penales, lo que implica privación de libertad y cárcel para ciudadanos. Adicionalmente, es una ley que se configura como un sistema de represión y vigilancia bajo el enfoque político a merced de la interpretación del régimen.
Coalición por Venezuela al considerar inaceptable el proyecto de ley aprobado en primera discusión, por ser contrario a la Constitución, violador de derechos humanos, cercenante de la libertad de asociación e instrumento contrario a la paz y a la construcción de una sociedad moderna, plural, con participación de la sociedad civil organizada, solicita:
1.- Continuar y acrecentar la oposición a la sanción en segunda discusión de este proyecto de ley que pretende poner fin a las ONG en Venezuela, para eliminar el campo de acción que nos corresponde como seres humanos y que nos consagra y garantiza la Constitución.
2.- Si bien ya numerosas organizaciones de la sociedad civil -la nuestra incluida- se han pronunciado en rechazo a este proyecto de ley, debemos reiterar esta posición activa de lucha en contra de ese instrumento que hoy amenaza firmemente el futuro de la sociedad civil en Venezuela.
3.- Hacer llegar nuestra posición firme y categórica contra este proyecto de ley a los gobiernos de los países amigos, a los organismos internacionales defensores de los derechos humanos y a las organizaciones de la sociedad civil en el mundo, solicitándoles solidaridad y apoyo en esta hora en la que encontramos seriamente comprometido el derecho a la libre asociación en Venezuela, ya que esta Ley Antisociedad pretende el control absoluto del Estado sobre los ciudadanos y sus organizaciones.
En el mundo, el día 6 de marzo de 2023.
