Las organizaciones sociales en España, fundadas por ciudadanos y ciudadanos venezolanos, alzamos nuestra voz en un llamado público, instando al Gobierno de España y a todos los actores políticos y sociales a contribuir a la garantía de los derechos y libertades democráticas del pueblo venezolano, así como asumir un compromiso en la protección de estos derechos y libertades democráticos recogidos en el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Esto luego de que la Fiscalía de la República Bolivariana de Venezuela pretende iniciar un proceso de persecución y judicialización del evento, a través de una investigación contra miembros de la Comisión Nacional de Primaria y posiblemente de los diferentes Comités Regionales y Locales, por los supuestos delitos de “usurpación de funciones electorales”, “usurpación de identidad”, “legitimación de capitales” y “asociación para delinquir”.
